El SPB ya permite el ingreso a cárceles a la abogada que denunció corrupción y torturas

El Servicio Penitenciario Bonaerense revirtió la medida que había tomado su titular, Fernando Díaz, contra Karina Valenti, la abogada que denunció la existencia de desarmaderos y torturas en la cárcel de Barker.

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Por: INFOCIELO

Según indicaron fuentes del SPB, la prohibición de ingreso para la abogada, que dicta talleres en distintas unidades bonaerenses, fue una medida de seguridad fundada en que el Servicio se encuentra “sensibilizado” por los últimos acontecimientos.

“La medida está revertida. Valenti y Fernando Díaz van a tener una reunión esta tarde”, indicaron a este portal desde el organismo, tras lo cual aclararon que la abogada va a poder ingresar a los penales que quiera para dictar sus cursos.

La prohibición

A través de un documento el titular del SPB Fernando Díaz, designado hace algunos días por la gobernadora María Eugenia Vidal, ordenó que la abogada que denunció un complejo entramado de corrupción, el uso de presos y hasta la existencia de un “desarmadero” dentro de la Unidad Penal Nº 37 de Barker, en Tandil, no pueda ingresar a ningún establecimiento carcelario en todo el territorio provincial.

La denuncia judicial de Valenti se contextualiza con los testimonios públicos de los internos que días atrás habían alertado sobre “zonas liberadas por personal policial, venta de drogas, dinero y armas”, hechos ilícitos que habrían ocurrido “en connivencia con personal del lugar”. La presentación de la abogada iba a ser avalada con el testimonio de once presos, por lo que pidió que un fiscal les tome declaración. Nada de eso ocurrió. De hecho, no sólo no llegaron los letrados a las instalaciones, sino que los prisioneros sumaron denuncias de presiones y hasta torturas por parte de los agentes.

Luego de esta situación, los diarios de todo el país siguieron de cerca el “motín” del pabellón 1 de esta unidad penitenciaria. En poco tiempo se instaló la versión policial de un enfrentamiento entre bandos de ese sector carcelario y el consecuente revuelta. La otra interpretación, es que los internos solicitaban “protección” luego de la presentación de un habeas corpus en el que daban cuenta de la violencia y otras situaciones ilegales en distintos edificios carcelarios. La denuncia, que involucraba a varios altos funcionarios del SPB, intentó ser frenada al prohibir el ingreso de la abogada Valenti. Los presos jamás llegaron a declarar, es más, muchos de ellos fueron trasladados.

La trama se complejiza si se toma en cuenta los decretos de emergencia carcelaria y penitenciaria ordenados por Vidal, a partir de la fuga de tres condenados en el penal de Alvear, que permite al Ejecutivo bonaerense, según admitió la misma gobernadora, de utilizar recursos económicos con menos controles y manejos discrecionales de personal.

La decisión de Díaz de no dejar entrar a la defensora y además mediadora y consultora a cargo de talleres en distintas unidades penitenciarias constituye una decisión “arbitraria” e “inconstitucional”, según precisaron fuentes judiciales a este medio.

Además, la presentación que encabezó Valenti giró en torno a que quienes se encuentran privados de su libertad están “en condiciones de alojamiento, tratamiento y prácticas contrarias a lo establecido por la constitución y los Derechos Humanos”, sumado a que se encuentran “amenazados al silencio de estas prácticas ilegales bajo sanción de traslado o represalias aun peores que atentan contra su integridad física y psíquica”.

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Un jefe para el autogobierno penitenciario

Cuando asumió como director del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), luego de la fuga de los hermanos Cristian y Martín Lanatta y Víctor Schillaci, a Fernando Díaz lo presentaron como un “emergentólogo” capaz de ponerle fin a “muchos años de desidia, de corrupción y de malas administraciones”. Las palabras del ministro de Justicia provincial, Carlos Mahiques, siguen sorprendiendo porque desde que asumió sus funciones, el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, Fernando Díaz sigue la misma línea de autogobierno que caracteriza a la fuerza y que él abonó cuando estuvo en el mismo cargo, entre 2005 y 2009. En ese período se hicieron gravísimas denuncias por corrupción en el SPB y se produjeron hechos como la Masacre de Magdalena, en la que murieron 33 presos que estaban en uno de los pabellones de esa unidad.

Por: Carlos Rodríguez (Página 12)

En una de sus primeras medidas administrativas, Díaz le prohibió el acceso a todas las cárceles bajo su dependencia a la abogada Karina Valenti, que representa a 61 presos alojados en la Unidad 37 de la localidad bonaerense de Barker que habían hecho denuncias públicas contra las autoridades del penal. Valenti le dijo a Página/12 que si bien la medida habría quedado sin efecto, “lo cierto es que la orden del jefe del SPB sigue pegada en todas las unidades y tuve que hacer varias gestiones para que me dejaran entrar a la U-39 de Ituzaingó y a la 14 de Alvear”.

Díaz, en su anterior gestión, que comenzó cuando Felipe Solá era el gobernador y que siguió hasta 2009, cuando Daniel Scioli ocupaba ese cargo, tuvo encontronazos con otros defensores de los derechos de las personas privadas de su libertad. Los problemas comenzaron con las denuncias por supuestos hechos de corrupción realizadas por el defensor penitenciario del Departamento Judicial de San Martín, Juan Manuel Casolati, y con presentaciones, en el mismo sentido, realizadas por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

En esos años –las cosas no han cambiado mucho–, las denuncias más frecuentes eran por fondos millonarios que se perdían antes de llegar a las cárceles, facturaciones truchas y sobreprecios, mercadería ilegal e incluso la entrega de medicamentos vencidos destinados a los presos. El ministro de Justicia bonaerense, en esos años, era Eduardo Di Rocco.

Uno de los hechos más graves fue la muerte de un bebé, hijo de una de las presas de la cárcel de Olmos, por falta de atención médica. El defensor penitenciario Casolati, que encabezó muchas de las denuncias, fue sancionado por la Procuración General provincial por “excederse en sus funciones”, al denunciar irregularidades en cárceles ajenas a su jurisdicción.

En medio del escándalo por las tres fugas ocurridas en diciembre, el nombramiento de Fernando Díaz pasó desapercibido. Pocos recordaron su anterior paso por el cargo y las denuncias por corrupción que llevaron a su reemplazo por decisión del entonces gobernador Daniel Scioli, en 2009.

Díaz logró sobrevivir al hecho más grave ocurrido durante ese primer mandato: la Masacre de Magdalena, ocurrida el 15 de octubre de 2005.

Ese día, 33 jóvenes privados de su libertad en la Unidad Penal 28 murieron durante un incendio en el Pabellón 1. En ese lugar fueron reprimidos y encerrados por los guardias, que no les permitieron escapar de la trampa de fuego en la que estaban. “Es preferible que mueran 33 y no 200”, fue la justificación que la cúpula del SPB hizo correr dentro de las cárceles, confió a este diario un ex agente penitenciario.

La responsabilidad de la gestión de Díaz fue indudable: el estado de la Unidad era deplorable, los colchones no eran ignífugos, no funcionaban los matafuegos, no había agua en la bomba contra incendios y las personas permanecían en un pabellón que ni siquiera estaba formalmente habilitado y que no reunía los estándares mínimos para el alojamiento de seres humanos.

Una semana después de lo ocurrido en Magdalena, el entonces y hoy director del SPB Fernando Díaz aseguró: “No hay ningún error que reconocer”. Durante ese 2005 se produjo la mayor cantidad de personas muertas en el sistema penitenciario desde su creación.

Un caso similar al de Magdalena se repitió en la Unidad 33 de mujeres, donde tres detenidas perdieron la vida en otro incendio. En ese año también se agravaron los hechos de tortura y su sistematicidad. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) detectó en sus inspecciones la utilización de métodos como el “submarino seco y húmedo” y el pasaje de corriente eléctrica. Esto pudo ser probado judicialmente.

Otras medidas autoritarias fueron los traslados constantes, conocidos como “la calesita”, que afectaron al 30 por ciento de la población detenida. Todo el sistema se estructuró en base a la violencia ejecutada o promovida, por acción u omisión, por los agentes penitenciarios. En la Unidad 9 de La Plata se pudo probar que los agentes eran quienes proveían de “facas” (cuchillos caseros) a los detenidos que trabajaban para ellos.

En el año 2005, la jueza María Alejandra Otermin hizo lugar a un hábeas corpus presentado por la CPM y, entre otras medidas, declaró la emergencia carcelaria de la Unidad 5 de Mercedes. La jueza dispuso la reducción progresiva de su población hasta alcanzar el cupo correspondiente. Díaz, como jefe del SPB, interpuso un recurso de reconsideración y apelación. Argumentó que la emergencia era general y no particular y que la jueza no estaba habilitada para determinar el cupo máximo de la unidad.

En 2007, el Juzgado de Ejecución de La Plata dispuso, ante una serie de presentaciones de la CPM, la clausura parcial de la Unidad 35 de Magdalena y consideró que no era un ámbito digno y seguro para el alojamiento de personas. Esas fueron algunas de las situaciones que se produjeron durante la gestión de quien ahora sería el encargado de “reorganizar” el SPB.

Murió en Barker uno de los cinco presos enfermos

Un preso de la Unidad Penal 37 de la localidad de Barker en el partido bonaerense de Benito Juárez murió de tuberculosis sin haber recibido el tratamiento adecuado. Así lo denunció la abogada que lo presentaba, Karina Valenti, quien la semana pasada le había advertido sobre esta posibilidad al Juzgado de Ejecución Penal Nº2 de General Alvear, en relación a él y a otros cuatro internos con ese diagnóstico, alojados en el pabellón 10 de la unidad penitenciaria. Los cinco formaban parte de una “Acción Urgente” solicitada por la organización Amnistía Internacional, a raíz de un habeas corpus interpuesto por Valenti en favor de 61 privados de la libertad amenazados y castigados por denunciar violaciones a los derechos humanos.

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Por: Florencia Halfon-Laksman (Tiempo Argentino)

Alejandro Moreira Gonzáles tenía menos de 30 años y murió el viernes por la noche. Hacía 18 días que el Servicio Penitenciario Bonaerense, obligado por las denuncias, lo había sacado de un pabellón común por la enfermedad que padecía, pero su abogada sostiene que “lo hicieron sin atención ni los medicamentos gratuitos que el Estado provee”.
Para Valenti, “la tuberculosis le reventó los órganos. Murió ahogado”, y asegura que, horas antes, un médico lo revisó y dio el visto bueno.

“Es un asesinato lo que están cometiendo. Es la silla eléctrica. Ya se murió uno y se van a morir todos. Me cansé de pibes en una bolsa negra. Que tengan un poco de piedad, compasión. Les pedimos que nos den una mano, que nos ayuden. No nos queremos morir de ninguna manera acá, adentro de la cárcel. Esta batalla la vamos perdiendo. Perdimos uno. Perdimos una persona. Puede ser un hermano, un sobrino, un hijo, un papá. Esto se podría haber evitado”, dice desde esa misma unidad penitenciaria Pablo Perdera Montoya, uno de los presos que encabeza el habeas corpus colectivo presentado a fines de 2015 para señalar la violencia, el maltrato a las visitas, y la falta de alimentos y atención médica hacia los internos de la Unidad 37, entre otros factores que “arriesgan su vida, profundizan las lesiones a la integridad física y violan sus derechos”, según el escrito de Valenti.
La semana pasada, el juzgado recibió un documento en el que la abogada solicitaba “medidas urgentes para garantizar el resguardo de la integridad física de los enfermos” y citaba los casos de los internos Nicolás Da Silva, Gutiérrez Bahía, Gallardo Espervegil, Barragan Gravier y Moreira Gonzáles. No hubo respuesta y este último falleció.
La letrada, a quien se le prohibió el ingreso a todo establecimiento penitenciario bonaerense después de su denuncia, no sólo enciende la alarma por la situación urgente de estos presos sino por los otros internos que pudieron haber estado en contacto con ellos, además del personal del Servicio Penitenciario que se cruzan a diario y que luego sale del penal.
“Si se escapa la tuberculosis de ahí, hay una emergencia sanitaria. Si un pibe que roba un celular, va tres años preso. ¿Cómo es posible que a un profesional de la salud no le importe que un pibe se muera y que incluso pueda contagiar a la población?”, se pregunta Valenti, quien insiste con el pedido de que los internos infectados sean atendidos.
El Servicio Penintenciario se mantuvo en silencio y no dio información oficial. «

Tuberculosis en el complejo penitenciario de Batán

El Juzgado de garantías Nº 4 de Mar del Plata dio lugar a un habeas corpus preventivo y correctivo que alertaba por alto índice de casos de enfermos y fallecidos por tuberculosis. Se ordenó una serie de medidas para prevenir una infección. El fallo retoma datos y estadísticas producidos desde la CPM. En la última inspección realizada por el CCT-CPM en noviembre se había alertado sobre la situación.

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Por: ANDAR

(Agencia) El Juzgado de Garantías Nº 4 de Mar del Plata, a cargo de Juan Tapia, hizo lugar al habeas corpus colectivo preventivo y correctivo, presentado por la Defensora General de Mar del Plata, Cecilia Boeri, ante la falta de recaudos para detectar, brindar tratamiento y evitar el contagio de tuberculosis (TBC) en las personas detenidas en el Complejo Penitenciario Batán. La Comisión Provincial por la Memoria participó de esta presentación como “parte interesada” y ha denunciado reiteradamente el impedimento del acceso a la salud en el complejo.

Según la Defensora, entre junio de 2014 y diciembre de 2015 se detectaron al menos 5 fallecimientos por TBC, a los que se podrían sumar a otros casos en los que aún se investigan las causales de muerte. Entre quienes murieron con diagnóstico de TBC se detectaron personas cuya enfermedad no había sido previamente detectada por el Área de Sanidad y otras en los que la constatación fue tardía con consecuencias fatales. Esta situación implica que pueden existir muchos enfermos que aún no han sido diagnosticados y que no están recibiendo atención médica.

EL juzgado comprobó que se desconoce el número total de detenidos que fallecieron por tuberculosis, como así también la cantidad de personas  que pueden encontrarse infectadas y en condiciones de contagiar a otros. Desde la CPM se había advertido la ausencia de estos registros durante la última inspección realizada en noviembre de 2015. En ese momento, se indicó que las patologías de las personas alojadas en el sector de sanidad excedían ampliamente la capacidad del sector y que los registros e historias clínicas eran “de suma pobreza” con “fechas y estudios mezclados” y que los libros en Sanidad  eran “irregulares, incompletos, o registran parcialmente algunas atenciones”.

La audiencia y los números

Acompañando esta preocupación, el juez Juan Tapia hizo lugar al Habeas Corpus y se constituyó en el Área de Sanidad de la Unidad Penal Nº 15 para corroborar la información. El equipo del juzgado constató que faltaban las historias clínicas solicitadas y que este tipo de documentación se depositaba en un espacio muy reducido y “en pésimas condiciones de orden y limpieza” con los papeles apilados sin ningún orden, legajos mojados o incluso sin identificación. Salieron de la unidad sin poder acceder a la cantidad de casos de tuberculosis diagnosticados a partir de 2014 ya que tampoco pudieron brindar esa información las autoridades administrativas del Área de Sanidad del Complejo Penitenciario.

En ese marco se convocó a una audiencia de la que participaron, además de los funcionarios judiciales, representantes del área de epidemiología de la Zona Sanitaria Octava y del Instituto Nacional de Epidemiología,  la Fiscalía de Estado y el jefe del Área de Sanidad del Complejo Penitenciario , el Dr. Alejandro Bidondo.

En principio se analizó que la tasa de mortalidad por TBC, que en el país es de 1.8 cada 100.000 habitantes, se encuentra disparada en forma alarmante en la Unidad Penal 15, donde al menos en el último año se han detectado 3 muertes en una población apenas superior a los 1000 detenidos, sin contar los casos de fallecimiento sin diagnóstico confirmado.

De acuerdo a lo registrado por la zona sanitaria, en Mar del Plata, el registro anual de TBC ronda los 120 casos, mientras que en el complejo penitenciario Batán el promedio de casos es de 10 a 15 por año, aunque en el año  2014 aumentó a 18 casos registrados. Según lo que relevó el juzgado durante el 2015 hubo al menos 5 pacientes a los que se les detectó tuberculosis sólo en la Unidad Penal 15.

Los profesionales señalaron que el riesgo de enfermarse de TBC en la cárcel es de  un 22% más alto, ya que existen numerosos  factores de riesgo derivadas de las condiciones ambientales del encierro. Y advirtieron que “la cárcel está siendo un lugar de concentración de la enfermedad. Hay muchos casos. Además hay casos registrados de ex presidiarios. Es un lugar de concentración que los convierte en un grupo vulnerable, además de otros grupos ya de por sí vulnerables (HIV, drogadependientes, etc)”.

Los médicos explicaron además que si bien un 30% de la población tiene el bacilo en su cuerpo, si esas personas están en buenas condiciones de salud la enfermedad no se manifiesta. El problema se presenta cuando no comen, padecen otras enfermedades como HIV o se enfrentan a condiciones como las carcelarias.

En su fallo el juez Tapia ordenó varias medidas entre las que se destacan la realización del examen de TBC a toda la población de la unidad penal 15 para determinar la cantidad de internos infectados con tuberculosis, efectuar un diagnóstico adecuado y disponer el tratamiento que corresponda; la capacitación del personal penitenciario y la adopción de medidas ambientales para prevenir una infección; y la realización de fichas personales y el reordenamiento del área administrativa donde se conservan las Historias Clínicas de los detenidos,  todas con el posterior control judicial que amerita la situación. Además Tapia sugiere adoptar la realización de estudios bacteriológicos y la radiografía de tórax  “como política de estado al ingreso a los penales”.

Cárceles peligrosas

Por Andrés Klipphan (Revista Veintitrés)

Perdimos una vida. Perdimos a una persona. Esta batalla la vamos perdiendo. Se podría haber evitado perder esa vida. Mirándolo de otra forma, todo lo que hicimos no sirvió porque nadie nos dio bola. Esa batalla la perdimos. No lo pudimos salvar. Qué tristeza, qué todo. Que mierda de sistema. Cuándo nos van a escuchar. ¿Qué tenemos que hacer para que nos escuchen?”. El que habla es un preso del Pabellón 1 de la Unidad Penitenciaria N° 37, ubicado en la localidad bonaerense de Barker, en Benito Juárez. El fallecido al que hace referencia es otro interno, Alejandro Moreira González, quien murió de tuberculosis el 15 de enero pasado. El preso tenía 30 años y pesaba tan sólo 45 kilos. Había enfermado –como otros– de neumonía tuberculosa en el penal y falleció por una hemorragia interna masiva y paro cardiorrespiratorio .

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Sus compañeros de reclusión lo vieron agonizar. Karina Valenti, la abogada a cargo del programa Cuenta conmigo, había implorado ante la administración de la gobernadora María Eugenia Vidal por su traslado a un hospital para ser tratado en forma urgente. Pero no fue escuchada.
Por entonces, los funcionarios estaban enfocados en otra crisis, también carcelaria, la fuga de un penal de máxima seguridad, el 27 de diciembre, de los hermanos Martín y Cristian Lanatta, y Víctor Schillaci, condenados a cadena perpetua por el Triple Crimen de General Rodríguez.
La doctora Valenti presentó un hábeas corpus a favor de los 61 presos del Pabellón 1 de Barker la mañana del lunes 28. En el escrito ya hablaba de corrupción en el SPB, de las malas condiciones sanitarias de los internos, de la complicidad de los penitenciarios con el delito, de zonas liberadas en el penal, de la existencia de facas en el lugar, de peligro de incendio en los pabellones, de la existencia de un desarmadero clandestino en esa cárcel y hasta de asesinatos. Como en otros penales bonaerenses, un polvorín con la mecha encendida.
Después de la escandalosa triple fuga, Vidal y su ministro de Justicia, Carlos Alberto Mahiques, dispusieron el relevo de 20 funcionarios penitenciaros de primer nivel, y de la propia titular del SPB, Florencia Piermarini.
Al frente del cuestionado organismo, y enmarcado en la “emergencia del Servicio Penitenciario Bonaerense”, Vidal nombró a Fernando Díaz, un abogado que ya desempeñó ese cargo entre los años 2005 y 2009, es decir, durante la gestión de los gobernadores peronistas Felipe Solá y Daniel Scioli.
Díaz es recordado tristemente por comandar el sistema carcelario provincial cuando se produjo la denominada “Masacre del Penal de Magdalena”, donde murieron 32 presos después de un motín e incendio de colchones.
Hasta su nuevo nombramiento en la provincia, Díaz era funcionario de la administración de Cristina Fernández de Kirchner. Se desempeñaba como subjefe del Servicio Penitenciario Federal.
Casualidad o no, cuando Solá lo nombró como director del SPB también se había declarado la emergencia penitenciaria. Díaz llegó para reemplazar al entonces interventor Ricardo Cabrera, que era… el suegro de Díaz.
Durante la anterior gestión de Díaz, el Servicio Penitenciario funcionaba tan mal como ahora. Había menos presos (hoy hay casi el doble de los que se contaban en aquella época), aunque también había detenidos que morían por tuberculosis, los penitenciarios permitían que los reclusos tuviesen facas (como ahora) para matar a otros internos, y hasta algunos presos aparecían colgados misteriosamente en sus celdas.
Uno de esos casos fue el de Sergio Jaramillo, quien apareció colgado en su celda de la UP15 luego de presentar un hábeas corpus porque lo habían amenazado de muerte. O Luis Ángel Gorosito Monterrosa, quien fue apuñalado y muerto en el penal de Florencio Varela 48 horas antes de declarar por hechos de corrupción en la Unidad Penal 24.
“Las cárceles son campos de concentración y de exterminio. No son más que un depósito de carne humana, donde los presos están obligados a domesticarse, cumpliendo todo tipo de directivas, incluso ilícitas, como salir del penal para robar. Son lugares donde la vida no vale nada”, declaró en ese entonces el fiscal –ahora fallecido– Hugo Cañón.
Hasta Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, había reclamado la renuncia de Díaz después de que, el 15 de octubre de 2005, 32 internos del Penal de Magdalena murieran envenenados por aspirar el ácido cianhídrico que despedían los colchones de poliuretano que se quemaron durante un trágico motín en el que los presos reclamaban mejores condiciones de reclusión, medicinas para los enfermos y comida.
La masacre se produjo porque los guardiacárceles, siguiendo las instrucciones de sus superiores, no abrieron los candados de las puertas para que las reclusos saliesen al patio de la unidad para poder escapar del gas letal.
La investigación judicial terminó con el procesamiento de los directivos de la cárcel y con la constatación de que en la unidad penitenciaria no había matafuegos, no funcionaba el motor de la bomba de extracción de agua y los colchones no era ignífugos.
Fue el mismo Díaz quien, ante el recurso de amparo presentado por la responsable del programa Cuenta conmigo, firmó un radiograma interno en el que solicitaba a todas las unidades del SPB que le prohíban el ingreso a cualquier penal bonaerense a la abogada Karina Valenti. Es decir que se les privara a los detenidos de las consultas legales que tienen derecho a realizar con su abogada patrocinante. Un hecho inédito.
El recurso de hábeas corpus recayó en el Juzgado de Ejecución Penal Número 2 a cargo de la jueza Adriana Bianco. En el escrito, Valenti no sólo mencionaba las condiciones paupérrimas de vida que padecen los internos dentro del penal, sino también algunos hechos de corrupción que hasta ahora no fueron investigados por el titular del SPB (ver recuadro).
A ese hábeas corpus se refería el detenido que en su audio menciona la “batalla perdida”. Para él, la derrota fue no sólo que muriese otro interno de tuberculosis, sino que cuando el fiscal y la jueza se disponían a entrevistarlos como testigos en la causa, Díaz prohibió el ingreso de la abogada y autorizó el traslado a otras unidades –Sierra Chica o Magdalena– de varios de los presos que estaban dispuestos a declarar ante la justicia.
La información que difunde Veintitrés llegó a través de Alejandro Incháurregui, funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense encargado del Cumplimiento de los Convenios Internacionales sobre Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes.
Alejandro Incháurregui, encargado del Cumplimiento de los Convenios Internacionales sobre Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes –que depende del Ministerio de Seguridad bonaerense– enterado de las muertes por tuberculosis en Barker y en otros penales y del hábeas corpus presentado e ignorado por las autoridades, se entrevisto con Díaz, mandamás del SPB.
Consultado por esta revista, Incháurregui difundió sus conclusiones sobre ese encuentro

 

  • “Díaz se desentendió de todo. Dijo que los traslados fueron por un intento de motín el 4 de enero, algo que es falso, y que prohibió la entrada a la abogada de los internos porque es ‘conflictiva’”.
  • “Autorizó que ingresaran tres médicos y enfermeros para revisar a los internos. Estuvieron unas horas y no les realizaron ni siquiera el test de Mantoux, o de tuberculina, que está indicado por protocolo para saber si los internos estuvieron en contacto con el virus de la tuberculosis y someterlos de urgencia a un tratamiento de quimioprofilaxis”.
  • “El jefe del Servicio Penitenciario, quien ya fracasó en esa misma función, no comprende que la tuberculosis no discrimina entre presos, penitenciarios, personal civil, médicos. Enferma a todos por igual”.
  • Incháurregui añadió: “El hábeas corpus presentado por la abogada a cargo del programa Cuenta conmigo fue tomado como propio por el Defensor ante el Tribunal de Casación Penal, Mario Coriolano, quien investigará el tema”.
  • “Coriolano tiene registrado, entre enero y octubre de 2015, más de 300 casos de tortura en cárceles y comisarías bonaerenses. Hasta ahora, con las actuales autoridades, la situación no cambió”.
  • “La respuesta del sistema ante el recurso de hábeas corpus fue sustraer a los posibles declarantes trasladándolos a otras unidades penitenciarias. Estos traslados de castigo son verdaderos agujeros negros. Los familiares y abogados de los detenidos no son anoticiados de esto. Allí es cuando son vejados, torturados y heridos por presos que son colaboradores de agentes penitenciarios”.
  • “En ese sentido, el logro del SPB es triple: 1) no hay testigos para que declaren en el hábeas corpus, 2) se castigó a esos posibles testigos; 3) se mandó un claro mensaje al resto de la población carcelaria”.

Como dice Alejandro Incháurregui, la situación explosiva en el SPB no es nueva. El año pasado un ex interno de Barker, Jorge Oscar Lamas, le envió una carta al entonces gobernador Daniel Scioli para denunciar la situación que se vivía en las cárceles. Allí mencionaba, por ejemplo, que “los internos de la Unidad 37 de Barker y de la mayoría de los penales del territorio bonaerense se encuentran en un estado de total abandono. Los internos están pasando momentos muy difíciles ya que hace un tiempo no entran los camiones con verduras y carne por la falta de pago a los proveedores (…) Quiero hacerle saber que las cárceles hoy se parecen a campos de concentración”.
Cómo se puede apreciar, ni antes ni ahora estos reclamos fueron escuchados a pesar de que la propia Constitución Nacional establece que las cárceles deben servir para resocializar a quienes allí ingresan.
“¿Por qué ocurrirá esto? ¿Será porque al sistema le conviene que los presos sean pobres, poco instruidos y, a la vez, mano de obra barata para funcionarios corruptos?”, se preguntó la abogada Valenti.
La respuesta queda abierta.

 

Quién es Alejandro Incháurregui

Director Provincial del Registro de Personas Desaparecidas, Incháurregui es perito fundador del Equipo Argentino de Antropología Forense y uno de los descubridores de los restos del Che Guevara en Bolivia. Además, coordina la Unidad de Seguimiento para el Cumplimiento de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, antecedentes que lo convierten en un hombre sumamente respetado en el ámbito de la ciencia forense y los derechos humanos.

 

La denuncia de Valenti

Karina Valenti denuncia, por ejemplo, que el personal penitenciario habilita zona liberada con portación de armas blancas en el espacio que los internos reciben visitas, como lo muestra la foto que abre esta nota. De este modo, ponen en riesgo no sólo su propia vida, sino la de sus familiares, que muchas veces concurren acompañados por niños.
En diálogo con esta revista, la abogada aseguró que “las facas son utilizadas en connivencia con los penitenciarios para cometer distintos delitos, como por ejemplo matar o amedrentar a otros internos, o para salir a delinquir para los guardiacárceles”.
Valenti aseguró que “un detenido que fue trasladado a otro penal contó que en la Unidad Penal 37 funciona un desarmadero de autos y que los detenidos son liberados para que roben vehículos para los penitenciarios. Las autoridades, en vez de investigar esto, trasladan a los denunciantes”.
En el hábeas corpus (foto adjunta), la abogada también denunció que: “La superpoblación del pabellón Nº1 viola los estándares mínimos de seguridad edilicia, que en caso de un incendio podría devenir en tragedia. Por la gravedad de los hechos denunciados y la superpoblación existente en dicha unidad, denunciamos estos graves delitos con la convicción de poder evitar hechos indeseados, como la muerte de personas ocurridas en el penal de Magdalena”.
La letrada también denunció que “las condiciones inhumanas de detención, sumadas a la violencia; falta de alimentos, falta de atención medica, maltrato a las visitas de los internos, hacen que todos estos factores conformen un polvorín que puede desencadenar en tragedia”.

Una mirada al interior de las cárceles argentinas

En la Argentina hay más de 250 cárceles, en las que se aloja a alrededor de 69.000 presos. De ese total, 10.424 están distribuidos en las 34 prisiones federales, mientras que los 55 penales bonaerenses alojan a unos 31.200 presos, según la última publicación del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP, 2014). El resto de la población penitenciaria está detenida en cárceles que dependen de las distintas provincias. Spot de sobrepoblación carcelaria en Argentina

Por: Sol Amaya (La Nación)

Un 96% de los detenidos son hombres y apenas el 4 por ciento restante son mujeres. En cuanto a la nacionalidad, sólo el 6% son extranjeros, en su mayoría provenientes de países limítrofes y Perú.

Del total de las personas detenidas en la Argentina, un 51% están procesadas, mientras que sólo el 48% tienen condena firme.

El Servicio Penitenciario Federal (SPF) cuenta con 9759 agentes, según el SNEEP, de los cuales 7118 son hombres y el resto mujeres. En tanto, en el Servicio Penitenciario Bonaerense trabajan 19.422 agentes penitenciarios.

Fugas

La fuga de los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci de la cárcel bonaerense de General Alvear volvió a poner en agenda una preocupación recurrente: ¿Cómo es la seguridad en las prisiones argentinas? Aunque sólo trascienden las fugas y evasiones más “mediáticas”, son moneda corriente en muchos penales y comisarías.

En las cárceles bonaerenses, según fuentes del Ministerio de Justicia provincial, hubo 10 fugas en 2011. Ese mismo año hubo 73 evasiones del programa Casas por Cárceles, mientras que unos 127 detenidos no regresaron de salidas transitorias. En tanto, en los penales de régimen semiabierto hubo 22 evasiones.

En 2012 en la provincia hubo 17 fugas, 72 evasiones del programa Casas por Cárceles, y 211 personas que no regresaron de las salidas transitorias. En penales de régimen semiabierto hubo 36 evasiones.

Desde 2013 hasta la actualidad, según las fuentes, se fugaron 1198 presos de alcaidías y cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense. De ese total, 27 fueron fugas de cárceles de alta seguridad. En tanto unos 366 presos escaparon de penales de régimen semiabierto y unos 805 detenidos no regresaron a prisión tras participar de alguna actividad extra muro con permiso, como una salida transitoria.

 

Por otra parte, en las cárceles que dependen del Servicio Penitenciario Federal, entre 2010 y 2013 (últimos datos disponibles) hubo 39 fugas y 32 evasiones. La más resonante fue la ocurrida en el año 2013 en el Complejo I de Ezeiza, donde ahora están alojados los hermanos Lanatta, Víctor Schillaci, y los líderes de la banda narco “Los Monos”.

En esa oportunidad, 13 detenidos se escaparon a través de un boquete. La mayoría de ellos fueron recapturados poco después. La escandalosa fuga derivó en la renuncia del entonces director del SPF, Víctor Hortel.

Alimentación

Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela) sostienen que:

Todo recluso recibirá de la administración del establecimiento penitenciario, a las horas acostumbradas, una alimentación de buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas.

Todo recluso tendrá la posibilidad de proveerse de agua potable cuando la necesite.

“La alimentación de los internos debería ser adecuada, según clima, edad, actividades, cantidad de calorías. Debe ser variada e incluir alimentos frescos, frutas y verduras”, explica a LA NACION el juez Gustavo Hornos, titular del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles.

Sin embargo, inspecciones realizadas por ese organismo durante 2015 detectaron varias irregularidades en algunos penales, como la falta de higiene en las cocinas y comida en mal estado.

“¿Cuál es la razón por la que se supone que una persona privada de la libertad debería tener una alimentación diferente a una persona que no se encuentra privada de la libertad?”, plantea Mario Juliano, juez de Necochea y director de la Asociación Pensamiento Penal (APP). “Quizá sea por ello que la mayoría de tratados y reglamentos se limitan a decir que el Estado debe garantizar una alimentación sana y adecuada”, sostiene.

Muertes en prisión

Un relevamiento de LA NACION a partir de información de la Procuración Penitenciaria Nacional (PPN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y laComisión Provincial por la Memoria (CPM) demostró que en las prisiones del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) hubo 707 muertes entre 2009 y 2014. El 30% fueron violentas.

En el mismo período, en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF), donde hay unos 10.000 reclusos, murieron 272, el 46,3% en forma violenta.

Son consideradas muertes violentas, según explica la PPN, a “aquellas que resultan consecuencia de un homicidio, suicidio, accidente, o la causa que la ha provocado resulta dudosa de determinar, pero siempre traumática”.

En cambio se clasifica como muertes no violentas a las que se producen “por enfermedad, son súbitas o cuya causa aún resulta dudoso determinar, pero siempre no traumática”.

Las diez cárceles con más muertes violentas entre 2009 y 2014 se ubican casi todas en Buenos Aires, salvo la Unidad N° 6 del SPF, que está en Rawson, Chubut. Esta última es la que tiene la proporción de muertes violentas más alta en el período (12 sobre 15).

Sobrepoblación

La cantidad de personas detenidas en cárceles argentinas ha ido aumentando en los últimos años. Organismos de Derechos Humanos denunciaron en reiteradas oportunidades que esto produce condiciones de hacinamiento en los penales.

La tasa de encarcelamiento en el país pasó de 91 personas detenidas cada 100.000 habitantes en 1997, a 161,8 en 2014 (última información oficial disponible).

En tanto, “en 2015 se agudizó la tendencia hacia el aumento del encarcelamiento tanto en el Servicio Penitenciario Federal como en el de la Provincia de Buenos Aires, que concentran el 70% de la población privada de la libertad en todo el país”, dice el informe anual del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) que será publicado en marzo.

“La masividad del encarcelamiento trae aparejada una peor situación en el encierro y la violación de los derechos de las personas privadas de su libertad”, destaca el informe. Según detalla el Cels, “en el SPF el crecimiento de la población se aceleró en los últimos años y alcanzó las 10.425 personas en agosto de 2015, casi 1000 personas más que en 2006. Este aumento sostenido derivó en la generación de focos de sobrepoblación”.

“El SPB alcanzó en 2015 la mayor población privada de libertad en la historia de la provincia”, informa el Cels. Ante esta situación, “como el sistema penitenciario no puede contener la presión que significa un ingreso tan alto de detenidos, empeoran las condiciones de detención y se profundiza la escasez de recursos. Además, se diluye el impacto de cualquier medida orientada a mejorar la situación penitenciaria”, sostiene el informe.

Educación

Según el informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP 2014), publicado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el 48% de los presos de todo el país (unos 32.900) no participa de ningún programa educativo dentro de las cárceles. En los penales que dependen del Servicio Penitenciario Federal, ese porcentaje es de apenas el 14% (unos 1300 presos).

Un 17% de los presos cursa estudios correspondientes al EGB, mientras que un 15% cursa el nivel correspondiente al Polimodal. En tanto apenas unos 1139 presos (1,6%) cursan carreras universitarias o terciarias.

En tanto, un 68,64% de los presos ingresaron a la cárcel con el nivel educativo primario completo. Un 23 % tenía el secundario completo al momento de ser detenido. En tanto sólo un 1,9% había cursado el ciclo terciario o universitario.

Un estudio realizado por la Facultad de Derecho de la UBA y la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) reveló que de los 132 egresados que tenía el Programa en 2013, un 84 % “no volvió a ser encontrado culpable de cometer nuevos hechos ilícitos”. Es decir que, según destaca el informe, “8 de cada 10 graduados del Programa no han vuelto a ser condenados”.

Un aspecto que se destaca en este informe son los obstáculos temporales que suelen dificultar que los presos accedan al estudio. “En la mayoría de los casos, quien intente completar sus estudios deberá enfrentarse a la decisión entre trabajar o estudiar” dice el informe y explica que muchos horarios se superponen y están atados a la agenda penitenciaria.

En cuanto al espacio, explican que “la irrupción de la Universidad de Buenos Aires rompió con la lógica espacial de la cárcel, al abrir instancias colectivas de intercambio”.

“En un contexto donde los derechos más elementales se ven vulnerados, la palabra funciona como eje para la construcción de la autonomía”, resaltan.

Trabajo

La ley de ejecución de la pena privativa de la libertad (24.660) establece el derecho de todos los presos a trabajar y sostiene que las actividades tendrán “como finalidad primordial la generación de hábitos laborales, la capacitación y la creatividad”. Además, determina que no se obligará a ningún interno a trabajar, aunque “su negativa injustificada será considerada falta media e incidirá desfavorablemente en el concepto”.

En general son tres los tipos de tareas que pueden realizar los presos: talleres productivos -que pueden ser actividades de agricultura y forrajería, entre otros-, talleres industriales -como la producción de muebles, artículos deportivos y productos de limpieza- y tareas de servicios, como la fajina de pabellones.

Por ley, el trabajo en las cárceles debe ser remunerado: el valor de la hora, según la Procuración, es de 22 pesos. Para alcanzar el salario mínimo vital y móvil un preso debe trabajar unas 200 horas mensuales.

Sin embargo, según el informe SNEEP de 2014 sólo el 38,84% (26.572) del total de los detenidos en el país realiza trabajos remunerados y, dentro de ese grupo, apenas 9311 presos (el 15%) trabaja por hasta 40 horas semanales. Además, en los informes de la PPN se sostiene que “en general se les computan muchas menos horas” a los presos por su trabajo, por lo que son pocos los que llegan a cobrar el salario mínimo.

Al sueldo de un interno se le retiene un porcentaje para un fondo de reserva, que es del 30% del ingreso mensual. Este dinero debe ser depositado en una cuenta de una institución bancaria oficial y le será entregado a su egreso por agotamiento de pena, libertad condicional o asistida. En caso de que el detenido fallezca, el fondo de reserva deberá pasar a manos de sus herederos. La legislación también dispone otros descuentos, como el destinado a la jubilación.

En la normativa vigente figura, además, una retención del 25% para “costear los gastos que el preso cause en el establecimiento”. Pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional ese descuento en un fallo en el que sostuvo que “pesa sobre el Estado el deber de custodia de todas las personas que están sometidas a detención preventiva o a condena”.

Pero no todos los presos que trabajan cobran un sueldo. “Cada provincia tiene su particularidad, pero como regla general los presos que realizan tareas para el Estado (cocina, mantenimiento) y que si no los realizaran ellos el Estado debería contratar a terceras personas, percibe un “peculio”, que es una suma mensual simbólica”, explica el juez Mario Juliano, titular de la Asociación Pensamiento Penal (APP).

“El trabajo para terceros (empresas y comerciantes que se establecen intramuros) no tiene regulación de ningún tipo y el común denominador es el abuso (salarios muy por debajo de los que se abonan en el medio libre por igual tarea, no se tributa a la seguridad ni a la previsión social y, como si todos estos “beneficios” fueran pocos, los empresarios y comerciantes suelen usufructuar de modo gratuito la energía que provee el Estado, esto, luz y gas)”, añade Juliano.

Diálogos en el Senado

Karina Valenti estuvo en SenadoTVArg conversando con Lía Méndez en su ciclo #Diálogos sobre la Educación en Contextos de Encierro.

En un nuevo programa de “Diálogos”, conducido por la Directora de Relaciones Institucionales del Senado de La Nación, Lía Méndez, conversó con Karina Valenti, Abogada Mediadora, Especialista en Investigación Científica del Delito.

En este sentido, debatieron sobre la labor que Valenti viene realizando desde hace tres años en la Unidad 45 de Melchor Romero, La Plata y los futuros proyectos en los que se nuclea #CuentaConmigo.

“Es un acto de rebelión decir la palabra amor en un lugar donde lo único que reina es la violencia”, dijo la Abogada, quien además afirmó que está segura de que la educación es el mejor camino para empezar a construir desde el encierro.

Para ver la entrevista completa, hacé click acá